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  Ayer, 25 de abril, se celebró en el Ateneo de Madrid una mesa redonda organizada por Ecologistas en Acción, para analizar el borrador de la Ley de Viviendas Rurales “Sostenibles”, con las intervenciones de José Fariña (UPM), José Manuel Naredo (UPM), Margarita de Luxán (UPM), Rafael Mata Olmo (UAM) y Francisco Díaz Pineda (UCM). Al finalizar el acto se leyó un manifiesto que fue suscrito por los ponentes y asistentes, a la vez que distintas personas y entidades presentes en la sala propusieron la creación de una plataforma para trabajar en común con el fin de parar esta Ley. Desde hace diez días está en marcha una recogida de firmas (con más de 4500 en estos momentos) promovida por Ecologistas en Acción.   Si bien desde la mesa los ponentes expresaron su estupor ante un texto con múltiples inexactitudes jurídicas y afirmaciones gratuitas, que hacen muy difícil que sea tomado en serio, en el transcurso del acto se repasaron las últimas modificaciones de legislación urbanística y actuaciones del gobierno regional y de otras autonomías que hacen presagiar lo peor, siendo esta ley la puntilla de una deriva de desregulación urbanística, de ataques a la integralidad de la ordenación del territorio y de implantación de usos indeseables en espacios protegidos. Desde la sala se recordó que nuestro país es tristemente célebre por la ocupación de espacios de alta calidad, como la huerta mediterránea, el litoral y determinadas zonas de montaña, e incluso actuaciones con sentencias condenatorias se han mantenido intactas (Algarrobico, carretera de los pantanos…), y se relacionó esta ley con la falta de respuesta legal a los procesos de cercamiento, cierre de pasos públicos y construcción ilegal en fincas rústicas de la comunidad madrileña.   José Fariña llamó la atención sobre la imposibilidad jurídica de afirmar que las determinaciones de esta ley prevalecerán sobre cualquier legislación sectorial, que se recoge en el texto. De igual modo destacó la escasa aportación económica a los ayuntamientos que supondrían estas actuaciones, tal y como se regulan en la propuesta de ley. José Manuel Naredo recalcó la sobredimensión del suelo urbanizable en la CM y la cantidad de viviendas vacías en la ciudad consolidada, indicando que con esta ley se abriría el camino para ocupar suelo en los últimos reductos protegidos del territorio, consolidando un modelo disperso que está destruyendo los sistemas agrarios, cuando de hecho la actuación lógica sería reconstituir estos sistemas. Margarita de Luxán reflexionó sobre la superficie que podrían alcanzar las viviendas, teniendo en cuenta que el proyecto de ley no establece más límite que el 1% de superficie, con lo cual en una finca de 15 ha, por ejemplo, se podría construir una vivienda de 1500 m2, equivalente a un estadio de fútbol. Puso ejemplos de la transformación del paisaje y de las infraestructuras que han supuesto en distintos municipios de la CM actuaciones similares a las que generalizaría esta ley, y denunció que en el texto se ignora la obligación de realizar estudios de impacto ambiental. Rafael Mata Olmo habló de la inconstitucionalidad de la norma, que otorga prevalencia al derecho del propietario y al interés particular sobre el interés general establecido por la Constitución y el corpus legislativo. De igual modo expuso que el manejo de espacios agrarios no es equiparable al cuidado de un “jardín privado”, sino que requiere un conocimiento de las estructuras territoriales, ecológicas, culturales… que son asuntos colectivos. Francisco Díaz Pineda explicó que desde la dimensión puramente ecológica estas actuaciones suponen un “perdigonazo” al territorio y al paisaje, soporte de los ecosistemas, que no son sino una trama de relaciones y procesos de escala territorial. La ocupación dispersa y la implantación de usos “urbanos” ajenos a los procesos necesarios para el mantenimiento de las estructuras rurales, agrarias y naturales, supondría la quiebra de las funciones ecológicas, culturales y productivas de estos espacios. Destacó que para luchar contra el abandono del medio rural son necesarias actuaciones integrales que partan de la vocación, la función y la cultura del territorio.

Ayer, 25 de abril, se celebró en el Ateneo de Madrid una mesa redonda organizada por Ecologistas en Acción, para analizar el borrador de la Ley de Viviendas Rurales “Sostenibles”, con las intervenciones de José Fariña (UPM), José Manuel Naredo (UPM), Margarita de Luxán (UPM), Rafael Mata Olmo (UAM) y Francisco Díaz Pineda (UCM). Al finalizar el acto se leyó un manifiesto que fue suscrito por los ponentes y asistentes, a la vez que distintas personas y entidades presentes en la sala propusieron la creación de una plataforma para trabajar en común con el fin de parar esta Ley. Desde hace diez días está en marcha una recogida de firmas (con más de 4500 en estos momentos) promovida por Ecologistas en Acción.

Si bien desde la mesa los ponentes expresaron su estupor ante un texto con múltiples inexactitudes jurídicas y afirmaciones gratuitas, que hacen muy difícil que sea tomado en serio, en el transcurso del acto se repasaron las últimas modificaciones de legislación urbanística y actuaciones del gobierno regional y de otras autonomías que hacen presagiar lo peor, siendo esta ley la puntilla de una deriva de desregulación urbanística, de ataques a la integralidad de la ordenación del territorio y de implantación de usos indeseables en espacios protegidos. Desde la sala se recordó que nuestro país es tristemente célebre por la ocupación de espacios de alta calidad, como la huerta mediterránea, el litoral y determinadas zonas de montaña, e incluso actuaciones con sentencias condenatorias se han mantenido intactas (Algarrobico, carretera de los pantanos…), y se relacionó esta ley con la falta de respuesta legal a los procesos de cercamiento, cierre de pasos públicos y construcción ilegal en fincas rústicas de la comunidad madrileña.

José Fariña llamó la atención sobre la imposibilidad jurídica de afirmar que las determinaciones de esta ley prevalecerán sobre cualquier legislación sectorial, que se recoge en el texto. De igual modo destacó la escasa aportación económica a los ayuntamientos que supondrían estas actuaciones, tal y como se regulan en la propuesta de ley. José Manuel Naredo recalcó la sobredimensión del suelo urbanizable en la CM y la cantidad de viviendas vacías en la ciudad consolidada, indicando que con esta ley se abriría el camino para ocupar suelo en los últimos reductos protegidos del territorio, consolidando un modelo disperso que está destruyendo los sistemas agrarios, cuando de hecho la actuación lógica sería reconstituir estos sistemas. Margarita de Luxán reflexionó sobre la superficie que podrían alcanzar las viviendas, teniendo en cuenta que el proyecto de ley no establece un límite, con lo cual en una finca de 15 ha, por ejemplo, se podría construir una vivienda de 1500 m2, equivalente a un estadio de fútbol. Puso ejemplos de la transformación del paisaje y de las infraestructuras que han supuesto en distintos municipios de la CM actuaciones similares a las que generalizaría esta ley, y denunció que en el texto se ignora la obligación de realizar estudios de impacto ambiental. Rafael Mata Olmo habló de la inconstitucionalidad de la norma, que otorga prevalencia al derecho del propietario y al interés particular sobre el interés general establecido por la Constitución y el corpus legislativo. De igual expuso que el manejo de espacios agrarios no es equiparable al cuidado de un “jardín privado”, sino que requiere un conocimiento de las estructuras territoriales, ecológicas, culturales… que son asuntos colectivos. Francisco Díaz Pineda explicó que desde la dimensión puramente ecológica estas actuaciones suponen un “perdigonazo” al territorio y al paisaje, soporte de los ecosistemas, que no son sino una trama de relaciones y procesos de escala territorial. La ocupación dispersa y la implantación de usos “urbanos” ajenos a los procesos necesarios para el mantenimiento de las estructuras rurales, agrarias y naturales, supondría la quiebra de las funciones ecológicas, culturales y productivas de estos espacios. Destacó que para luchar contra el abandono del medio rural son necesarias actuaciones integrales que partan de la vocación, la función y la cultura del territorio.